Se abre camino de justicia para víctimas de las esterilizaciones

Esperanza. 300 mil mujeres y 18 mil hombres fueron sometidos a la anticoncepción quirúrgica.

La resolución de la Fiscalía que resuelve reabrir las investigaciones sobre Mamérita Mestanza Chávez y las esterilizaciones forzadas realizadas durante el gobierno fujimorista señala expresamente que “los anteriores pronunciamientos fiscales de archivo definitivo respecto a este caso no tienen los efectos de cosa juzgada”.

Esta afirmación desmiente a quienes sostenían que se trataba de un caso cerrado, pero sobre todo constituye el primer paso para que las víctimas encuentren justicia después de varios años de lucha.

Así lo indicó la directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), Jeannette Llaja, quien explicó que la resolución de fiscalía se da en cumplimiento de un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual el Estado peruano se obligó a investigar, identificar y sancionar a los responsables de las esterilizaciones forzadas.

“El 2003 se llegó a un acuerdo con la CIDH, pero lo que vino fue un proceso de investigación deficitario y el 2009 la Fiscalía archivó la investigación señalando que las esterilizaciones fueron delitos comunes y habían prescrito. No se hizo un análisis de que se trató de una política de Estado. Es un tema pendiente desde hace años”, dijo.

Llaja subrayó que el caso de Mamérita Mestanza no fue un hecho aislado como se demostró con la aparición de miles de denuncias en distintas partes del país.

El 2007 la Primera Fiscalía Superior Especializada en Criminalidad Organizada investigó el caso de Mamérita, así como el de otras 2074 agraviadas (18 de ellas fallecidas).

Sin embargo, investigaciones realizadas en el Congreso reportan que unas 300 mil mujeres fueron sometidas a la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) (incluida dentro del programa de planificación familiar del Minsa) sin su consentimiento.

A estas mujeres se suman 18 mil hombres que fueron sometidos a vasectomías.

Fujimori responsable

Al existir suficientes indicios de que las esterilizaciones fueron una política de Estado, generalizadas y sistemáticas, la directora de Demus subrayó que es importante desarrollar una investigación seria para determinar cuál es el grado de responsabilidad del ex presidente Alberto Fujimori y de sus ex ministros de Salud Eduardo Yong Motta, Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer.

“En el expediente (de la Fiscalía) existen informes que señalan que los ministros reportaban a Fujimori sobre los avances y cumplimiento de metas respecto a la anticoncepción quirúrgica”, recordó.

Por ello consideró oportuno abrir los cuadernos de extradición para incluir el caso de las esterilizaciones forzadas entre los delitos por los que podría ser juzgado el ex mandatario.

Al respecto, el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra explicó que el Estado peruano tendría que solicitar a la Corte Suprema de Chile la ampliación de la extradición de Fujimori para poder incluirlo en un eventual juicio por este caso.

“No es una nueva extradición, lo que se requiere es una ampliación. El Estado peruano puede hacerlo sin ningún problema puesto que no existe ningún plazo establecido para hacerlo”, indicó.

No obstante, Gamarra refirió que el Ministerio Público no necesita autorización para iniciar nuevas investigaciones al ex presidente por su presunta responsabilidad en una serie de delitos, como de las esterilizaciones forzadas.

“El Ministerio Público puede formular denuncia y el juez puede abrir un proceso penal. Lo que no puede haber es un juicio contra Fujimori sin antes ampliar la extradición”, precisó.

Insisten

Por su parte, el legislador fujimorista Pedro Spadaro insistió en que las esterilizaciones forzadas son un caso cerrado y acusó una manipulación política en la resolución del Ministerio Público que resolvió reabrir las investigaciones por este asunto.

Datos

Crece. En 1996 se esterilizaron 81 mil mujeres en los centros de salud del Ministerio de Salud. En 1997 a 109 mil, los años previos las cifras anuales de AQV en los centros de salud públicos se ubicaban entre las 20 mil y 30 mil.

Retrae. Tras aparecer las denuncias por esterilizaciones forzadas, las cifras por AQV en los centros de salud se retraen. En 1998 se reportaron 25 mil y en 1999 26 mil.

“Hace 13 años busco justicia”

Telf Aurelia Paccohuanca
Asociación de Mujeres Afectadas por EF

“Me dijeron que ya tenía cuatro hijos y que no me atenderían, ni registrarían un hijo más. Tienes que hacerte ligar me decían, pero yo tenía miedo y no quería. Una mañana de octubre de 1998 fueron a buscarme a mi casa y a pesar de que intenté huir me alcanzaron en medio del camino, me subieron a una ambulancia y me llevaron a un centro de salud donde me ligaron las trompas. Ahora tengo 36 años y desde hace 13 años estoy buscando justicia. Hay muchas mujeres y también varones que han fallecido por la esterilización y también están los que sufren por la operación, pero hasta el día de hoy no hay justicia. Ojalá que esta vez sea diferente. Los de la Fiscalía saben muy bien de los casos que existen, pero archivaron la investigación”.