La
guerra de las lenguas promete grandes réditos electorales a quienes la
promueven, pero el uso partidista de algo tan importante para cualquier
ciudadano como el instrumento que le sirve para expresar lo que piensa o lo que
siente, es jugar con fuego. El ministro José Ignacio Wert ha encendido la hoguera con el proyecto de ley
de mejora de la calidad de la educación, interpretado en Cataluña como un
ataque a la inmersión lingüística en catalán. En el lado opuesto, fuerzas
políticas contrarias a la inmersión han saludado que la nueva ley quiebre el
predominio del catalán como lengua vehicular de la enseñanza y obligue a que el
castellano también lo sea. El pulso entre Cataluña y el Gobierno central está
en su punto álgido, y aunque el ministro trata de quitar hierro a su envite,
nadie olvida que en sede parlamentaria expresó su propósito de “españolizar a los
escolares catalanes”. Con esa frase proclamaba que la lengua sirve
para adoctrinar en un nacionalismo y que eso puede y debe hacerse desde la
escuela. Es decir, lo mismo de lo que él acusa a la Generalitat.
“Se
puede adoctrinar en cualquier lengua”, afirma Albert Branchadell, profesor de
la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de
Barcelona. “La frase de Wert implica una asimilación entre lengua y nación.
Esta asimilación puede darse también, y de hecho se da, en sentido inverso: hay
también un discurso catalán que trata de convertir el castellano en una lengua
invasora, cosa que tampoco es”. “La lengua es un signo de identidad, pero
también puede verse como parte de un proyecto de construcción nacional, como la
expresión de un nacionalismo de signo opuesto, y que son irreconciliables. En
estos casos es inevitable entrar en un juego acción-reacción”, observa Xavier
Vila, profesor de la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona.
Fuentes: Generalitat de Cataluña y Ministerio de Educación. / EL
PAÍS
En
esta dialéctica de nacionalismos enfrentados, el debate está tan politizado que
abundan las falsedades y se dan por ciertas premisas que no son tales. Por
ejemplo, que el castellano está siendo barrido de Cataluña. O que los escolares
catalanes no conocen bien la lengua de Cervantes. “El habla es una expresión de
sistemas ideológicos y cuando se hace un uso partidista, surgen problemas”,
señala Fernando Ramallo, profesor de la Facultad de Filología de la Universidad
de Vigo. “Deberíamos buscar un consenso básico, pero en España tenemos un
déficit de partida: que el centro no ha aceptado la diversidad lingüística de
la periferia como una riqueza, y eso ha provocado una reacción de defensa que
en ocasiones ha adoptado también formas dogmáticas. Ni el PP ni el PSOE han
tenido una concepción clara de esa diversidad. El resultado es que se ha
aplicado una política que hace invisible la realidad lingüística de España”.
La
paridad de ambas lenguas en la escuela no garantiza el bilingüismo
Esa
realidad es que el 40% de la población vive en territorios bilingües, pero una
parte del restante 60% que es monolingüe siente el uso de las otras lenguas
como una agresión. Pudiendo hablar todos en castellano, para qué hablar gallego
o catalán, piensan. “El problema”, añade Ramallo, “es que se ha
territorializado el bilingüismo y con ello se ha despojado a los bilingües de
su derecho cuando salen de su territorio”. Luisa Martín Rojo, catedrática de
Lingüística en la Universidad Autónoma de Madrid, lo explica así: “Hemos optado
por un modelo territorial como el de Bélgica, en que cada lengua tiene su
espacio; en nuestro caso, se reconoció el bilingüismo de algunas comunidades,
pero se mantuvo intacto el monolingüismo de otras. De manera que las lenguas de
un territorio no son visibles en el resto y eso hace que una parte de la
población pueda ignorar que España es una realidad multilingüe. Eso provoca un
desequilibrio en el prestigio de esas lenguas y tensiones innecesarias con el
castellano”, afirma. Martín Rojo ha investigado los paisajes lingüísticos de
Madrid —de los que ha hecho un interesante vídeo— y ha comprobado que Madrid es
una ciudad multilingüe, pero curiosamente, tienen mucha más presencia algunas
lenguas europeas y lenguas de la inmigración, que las lenguas de otras autonomías.
Los
expertos consultados creen que en España hubiera sido mejor aplicar un modelo
como el vigente en Canadá o en Finlandia, donde las lenguas que conviven son
oficiales en todo el territorio, aunque no se exige su conocimiento a todos los
ciudadanos. Aquí, la protección de las otras lenguas depende exclusivamente de
sus Gobiernos autónomos. Pero, ¿cómo se protege una lengua? “Uno de los
factores clave para recuperar y mantener con vitalidad una lengua es que su uso
no se circunscriba a la familia, al hogar, sino que esté normalizada en todos
los ámbitos, incluidos los de prestigio”, explica Luisa Martín Rojo. “Todas las
políticas lingüísticas han buscado evitar la diglosia, situación en la que una
de las lenguas se considera culta y goza de privilegios sociales, mientras la
otra tiene un uso limitado y carece de prestigio, de modo que se asocia a falta
de cultura, y puede incluso llegar a avergonzar a sus hablantes”.
El
uso partidista del instrumento de convivencia es jugar con fuego
Cuando
se llega a este punto, la lengua está en peligro de desaparición inminente.
Para recuperarse, tiene que volver a las esferas de prestigio: la escuela, la
Administración, la justicia, la producción científica. El que pueda mantenerse
viva no depende tanto del número de hablantes, aunque es importante, como del
papel que tiene en el proyecto sociocultural de su comunidad. Martín Rojo
señala el hebreo como un caso paradigmático: los judíos hablaban yiddish o
hablaban la lengua del país en el que vivían y utilizaban el hebreo solo en las
celebraciones religiosas. Cuando se creó el Estado de Israel, el hebreo fue
revitalizado en el marco de un proceso de construcción nacional y hoy es una
lengua absolutamente viva.
En
la batalla por la supervivencia están el catalán, el gallego y el vasco. Y en
todos los casos, el sistema educativo es un instrumento esencial. Galicia,
Valencia, Baleares y Cataluña, aplican modelos universales, es decir, que no
segregan a los alumnos en función de la lengua de aprendizaje, pero Cataluña es
la única que ha implantado un modelo de inmersión, en que la lengua vehicular
es el catalán. El resto aplican modelos bilingües. El del País Vasco es el
único modelo que segrega a los alumnos en tres opciones: inmersión en
castellano, inmersión en euskera y línea bilingüe, con asignaturas en ambas
lenguas. Este modelo está ahora en revisión. En cualquier caso, el euskera no
es comparable al catalán o al gallego, que tienen una gran proximidad al
castellano. Y sin embargo, pese a la dificultad del euskera, la línea de
inmersión en castellano no es la opción más demandada, lo cual indica que los
padres, a excepción de los que están muy de paso, quieren dar herramientas a
sus hijos para una vida social y profesional plena en una sociedad que es
bilingüe.
Cataluña
es la única región con un modelo de inmersión total
El
modelo catalán de inmersión no ha sido una imposición de las esferas de la
política. Lo propuso al principio de la Transición el movimiento de renovación
pedagógica que lideraba la fundación Rosa Sensat. El objetivo era garantizar la
igualdad de oportunidades a todos los niños porque el desarrollismo franquista
había provocado la concentración de la población inmigrante en barrios
periféricos, y corrían el riesgo de convertirse en guetos sociales. Permitir
dos vías de escolarización en función de la lengua hubiera podía provocar una
fractura social que restara oportunidades a los hijos de los inmigrantes. Con
la inmersión, se conseguía en cambio un doble objetivo: proteger el catalán,
haciendo que fuera también una lengua de prestigio, y garantizar la cohesión
social dando a todos los niños la oportunidad de dominar ambas lenguas por
igual.
El
objetivo de cohesión social se ha alcanzado plenamente. Eso nadie lo discute. Y
el catalán ha progresado pero, contra lo que muchos creen, sigue estando por
detrás del castellano. Respecto del inicio de la Transición, los progresos son
evidentes. En 1986 sabían hablar el catalán el 64% y escribirlo el 31,6%. Pese
al esfuerzo de la inmersión, la radiografía que ofrece el Informe de política
lingüística de 2010 todavía muestra un claro predominio de la lengua de El Quijote sobre la deTirant lo Blanc. Así, mientras el castellano lo entiende y lo
habla más del 99% de la población, el catalán lo entiende el 94,6% y lo habla
el 78,3%. Y mientras el 95,6% de los residentes saben escribir en castellano,
solo el 61,8% sabe escribir en catalán. Si el objetivo es el bilingüismo
efectivo, no está tan cerca como parece, y no porque el castellano retroceda,
como creen muchos, sino por la dificultad que, a pesar de todo, tiene el
catalán para alcanzar el estatus de igualdad al que aspira.
Hay
un gran equívoco sobre esta cuestión. La premisa de que el bilingüismo en el
aprendizaje garantiza al final el equilibrio entre las dos lenguas no es
cierta. Así lo afirman todos los sociolingüistas consultados. Cuando se reclama
que los escolares tengan tantas asignaturas en castellano como en catalán no se
está favoreciendo el bilingüismo. La diferente posición de partida en la vida
social y en los medios de comunicación hará que la lengua más fuerte, en este
caso el castellano, se imponga a costa del retroceso de la más débil. Aplicar
un bilingüismo estricto en el aula no garantiza el equilibrio ni el bilingüismo
en el resultado educativo. “Eso perjudica especialmente a las clases más bajas,
que no tienen otros instrumentos que la escuela para formarse”, advierte Luisa
Martín Rojo. “Si al acabar el colegio no son competentes en ambas lenguas,
tendrán menos oportunidades de trabajo. Y si son hijos de inmigrantes, esto
supondrá que tendrán que ocupar las mismas posiciones subordinadas en el
mercado de trabajo que ocuparon sus progenitores recién llegados”.
El
95% de catalanes sabe escribir el castellano; solo el 61%, el catalán
Este
componente es especialmente importante en un momento en que Cataluña debe
integrar nuevos contingentes de inmigrantes extranjeros. Pese a la primacía del
catalán como lengua vehicular de la enseñanza y la Administración, la habilidad
para entender, hablar y leer en catalán se ha mantenido estable, pero el
porcentaje de población que sabe escribir catalán ha aumentado 10 puntos desde
1996. Se ha conseguido contrarrestar el retroceso que hubiera significado la
incorporación de más de 1,5 millones de inmigrantes que no conocían la lengua y
eso ha sido gracias, sobre todo, al modelo de inmersión lingüística. “En los
últimos 10 años, Valencia ha recibido también más de un millón de inmigrantes.
Con el sistema rigurosamente bilingüe que allí se aplica, entre 2000 y 2009 el
conocimiento del catalán ha retrocedido 10 puntos mientras que en Cataluña se
ha mantenido, a pesar de la inmigración”, indica Xavier Vila.
“¿Quién
puede discutir los resultados de la inmersión?”, pregunta Fernando Ramallo. “Si
se hubiera explicado bien, la inmersión en una lengua sería aceptada, porque
garantiza el dominio de las dos lenguas, aporta recursos adicionales para los
hablantes, favorece la cohesión y es más efectivo en la protección de la lengua
minorizada. Si no tuviera ventajas, tendría contestación social, y también
científica. Y ni una ni otra se producen en Cataluña”, concluye. Tampoco es
cierto, como a veces se dice, que los niños escolarizados en catalán tengan un
menor conocimiento del castellano que los de Valladolid o Palencia. Lo
demuestran tanto las pruebas de acceso a la Universidad como las evaluaciones
que realiza el Ministerio de Educación, en las que los resultados de los niños
catalanes son similares a las de los niños de comunidades de habla castellana.
La
oposición ha arreciado en los últimos años por la insistente campaña de los
medios nacionalistas españoles con presencia política y mediática en Madrid.
Albert Branchadell sitúa su origen en 1995, cuando el PP decidió incorporar la
defensa del castellano en su programa como reclamo electoral bajo el liderazgo
de Alejo Vidal-Quadras cuando la inmersión ya se consideraba consolidada. En el
inicio de la Transición, fuerzas residuales del franquismo y algunas familias
habían reclamado en los tribunales el derecho a escolarizar a sus hijos en
castellano, pero el Tribunal Constitucional había avalado el modelo de
inmersión en 1994. “Las posiciones de Vidal-Quadras no tuvieron entonces mayor
trascendencia”, recuerda Branchadell. “En 1996 se produjo el pacto del Majestic
entre CiU y PP. Eran los tiempos en que Aznar hablaba ‘catalán en la intimidad’
y en ningún momento se cuestionó la política de inmersión. Ni siquiera cuando
el PP obtuvo la mayoría absoluta en la siguiente legislatura. Ha sido después,
al irrumpir en la escena política partidos que han hecho del nacionalismo
español y de la defensa del castellano su caballo de batalla. Ahora el PP ha
descubierto que la guerra de la lengua le da réditos electorales fuera de
Cataluña”.
Y
ahí estamos, en un nudo que costará deshacer.
